Representantes populares alegan que Fortuño no puede asegurar privatización de Aeropuerto Muñoz Marín

San Juan – Los representantes populares Charlie Hernández y Luis Vega Ramos presentaron documentos de la Administración Federal de Aviación que contradicen el calendario de privatización del Aeropuerto Muñoz Marín en el que anticipan otorgar el contrato de privatización en mayo de 2012.

“La administración Fortuño no puede anticipar que otorgará el contrato de privatización para mayo del 2012 pues todavía no cuenta con la autorización de la Agencia Federal de Aviación.  Ese proceso de evaluación y autorización de la FAA incluye la celebración de la audiencia pública que hemos solicitado y que nos fue concedida.  Lo más que puede hacer Fortuño en este momento es un acuerdo preliminar que no puede entrar en vigor hasta que obtenga la autorización de la FAA” indicó Hernández.

Recientemente, J Randolph Babbit, Administrador de la Administración Federal de Aviación, cursó una carta al Representante Hernández en el que ratifica su compromiso de realizar audiencias públicas sobre el asunto antes de emitir una opinión sobre la privatización solicitada.

“El Gobernador Fortuño ha tratado de crear la apariencia de que la privatización del Aeropuerto Muñoz Marín es un asunto consumado.  Sin embargo, las comunicaciones de la FAA contradicen sus expresiones. Ese proceso apenas está comenzando y el país tendrá oportunidad para plantear sus objeciones a la peligrosa entrega de nuestro principal aeropuerto”, indicó Hernández.

En el reclamo inicial que hicieron los representantes el pasado 24 de enero de 2010, se adelantan serias reservas a la privatización pues se fundamenta en la ley de las alianzas público-privadas que ha fallado en producir un solo ejemplo de éxito en Puerto Rico y ha experimentado seria oposición en la opinión pública del país.

Sobre el asunto, Vega Ramos puntualizó que “la ley federal obliga a un proceso competitivo para otorgar la administración de un aeropuerto a una empresa privada mientras que la ley local de las alianzas público-privadas permite otorgar este tipo de contratos sin necesidad de competencia entre proponentes.  Eso es muy peligroso para el interés público.”

 

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