Presenta medida con enfoque salubrista en la lucha contra las drogas

SAN JUAN, Puerto Rico-  El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunció la radicación de un proyecto de ley de su autoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que daría la potestad a los jueces federales de poner en probatoria a primeros ofensores en casos de drogas que no conlleven violencia.

Con la aprobación del H.R 2567- “Federal First Offender Improvement Act of 2011”-  un juez federal tendría la discreción de proveer este beneficio a un primer ofensor que no haya utilizado violencia ni armas de fuego en la comisión del delito, que no sea líder de una organización y que no haya sido convicto de un crimen violento o un delito grave previamente.

El Comisionado Residente hizo el anuncio en compañía del Dr. José Vargas Vidot, director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria, una organización que por más de 18 años ha impactado a miles de personas que han logrado culminar exitosamente su proceso de rehabilitación.

“Es necesario atacar este problema de forma holística, dedicándole mayores recursos a todas las medidas efectivas contra el uso y abuso de las drogas”, dijo Pierluisi.

En 1987, el Congreso aprobó el “Federal Fist Offender Act”  que le permite a cualquier juez federal poner en probatoria a un primer ofensor en casos de drogas sin tener que dictar una sentencia de convicción. Si al final del período probatorio, el ofensor no ha violado las condiciones de su probatoria, el tribunal puede concluir los procedimientos y el ofensor, si es menor de 21 años, puede solicitar que se elimine su récord. Aunque bien intencionada, esta disposición ha sido utilizada por los jueces federales en muy pocos casos. De hecho, la mayoría de los tribunales federales de distrito actualmente no tienen casos de primeros ofensores puestos en probatoria.

“En momentos en que cada dólar cuenta en el gobierno federal, hace sentido la aprobación de esta medida que definitivamente generaría ahorros. Está ampliamente documentado que dentro del sistema federal, cada primer ofensor encarcelado tiene un costo enorme para el sistema. Mantener a un confinado tiene un costo de alrededor de $26,000 anualmente, mientras que supervisar a un individuo en probatoria cuesta aproximadamente $3,743 al año, un ahorro de $22,152”, explicó el Comisionado Residente.

Aún cuando el primer ofensor entre en un tratamiento de rehabilitación, el costo sigue siendo mucho menor que el encarcelamiento, pues los tratamientos  tienen un costo de entre $4,000 y $12,000 anuales.

“Cuando vi la medida del licenciado Pierluisi me impresionó muchísimo pues esto se trata de cerrar la puerta a la estigmatización de nuestros jóvenes.  Buscamos que la gente reconsidere el camino equivocado que ha escogido y que el gobierno lo apoye para que se rehabilite y aporte a la sociedad desde otro lado positivo. Estamos totalmente convencidos de que esta medida es útil para que nutra la lucha contra este mal. Esta medida nos ayuda a comprar tiempo donde la persona puede reflexionar y aprovechar la oportunidad de rehabilitarse”, expresó el doctor Vargas Vidot.

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