Tribunal apelativo da la razón a la Comunidad Pueblito del Carmen en Guayama

Guayama, Puerto Rico – El presidente del Comité en contra del establecimiento de un criadero de monos salvajes propuesto para la comunidad Pueblito del Carmen en Guayama, solicitó a la Oficina del Inspector General de Permisos de Puerto Rico y al Departamento de Justicia que pongan bajo custodia el expediente de la compañía Bioculture en OGPe, donde están todos los documentos y detalles de solicitud de permisos que pretendían establecer un mega-proyecto de crianza de monos salvajes en Guayama.

Roberto Brito dijo que ese expediente es una pieza de evidencia importante para fijar responsabilidades contra aquellos funcionarios públicos que se hicieron de la vista larga y hasta ciegos en el momento de descargar sus responsabilidades en el examen de los documentos necesarios para la otorgación de permisos a una empresa que engañó a todo aquel que venía en contacto con ellos, para así lograr su objetivo.

“La decisión del Tribunal Apelativo, al confirmar la sentencia del Tribunal de Guayama, reafirma nuestro respeto por el ordenamiento judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual protegió a nuestra gente de Pueblito del Carmen contra los intereses del Estado de Israel y sus inversionistas, los cuales sin ninguna consideración humana mintieron en cada paso que dieron para tratar de establecerse en Puerto Rico como criaderos de monos.  No cabe duda que los últimos cuatro (4) años de duras luchas contra el aparato burocrático del Gobierno, rindió hoy los mejores frutos al recibirse la buena noticia que el proyecto de monos para Guayama NO puede darse porque perjudica a todos los residentes de esta comunidad y cuyos permisos son fraudulentos.  Hacemos un llamado a la licenciada Jennifer Mayo Mirabal, (de quién tenemos una opinión extraordinaria como servidora pública), que coloque bajo custodia en sus oficinas el expediente de Bioculture.  De igual forma, solicitamos al Secretario de Justicia, licenciado Guillermo Somoza, que asigne inmediatamente un fiscal para que junto a la Inspectora General de permisos examinen el expediente de ARPE-OGPe y entrevisten a cada funcionario que trabajó el mismo, de manera que se puedan fijar responsabilidades en el mal manejo del mismo.  No hay explicación alguna para que un mega-proyecto como este recibiera un permiso de construcción en una hora, (olvidándose de todos los trámites reglamentarios vigentes).  Aquí hay que fijar responsabilidad a las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá y de Luis Fortuño”, señaló Roberto Brito.

 

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