Gobernador firma ley que beneficia a agentes investigadores y fiscales

La Fortaleza – El gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, acompañado del secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza, firmó el Proyecto de la Cámara 2252, el cual le extiende beneficios a los agentes investigadores y fiscales,  conferidos por la Ley 127 que otorga una pensión a los familiares de los agentes del orden público en caso de incapacidad física o mental, o en caso de muerte.

“La naturaleza del trabajo de los agentes investigadores y de los fiscales los expone con frecuencia a riesgo de incapacidad física o muerte. Actualmente, ni miembros del Ministerio Público, ni los Agentes Investigadores del Departamento de Justicia gozan de los beneficios de la ley 127”, afirmó el Gobernador.

Del mismo modo, Fortuño explicó que los investigadores del Departamento de Justicia representan desde hace varios años el brazo operativo en los casos donde el Fiscal General tiene la responsabilidad de investigar. Estos agentes están encargados de investigaciones criminales, perseguir prófugos de la justicia, seguridad y transporte de testigos, seguridad de facilidades físicas del Departamento de Justicia, seguridad y asistencia a fiscales. Esto incluye diligenciamiento de órdenes, citaciones y requerimientos legales (subpoenas), protección de testigos y escenas y de toda otra función de Orden Público, dentro de todas las distintas fiscalías de Distrito y las divisiones del Departamento de Justicia.

Asimismo, señaló que los fiscales y procuradores tienen el deber de instar las causas criminales, civiles y especiales en representación del Pueblo de Puerto Rico y ejercer cabalmente aquellos otros deberes que le confiera la ley y les encomiende el Secretario. Además, los procuradores para asuntos de menores, los procuradores especiales de relaciones de familia y los fiscales especiales con nombramientos provisionales, extendidos por el Secretario de Justicia, también representan al pueblo en los casos criminales y en otros procesos que se promueven mediante legislación especial.

“Durante dichos procedimientos, los representantes del Ministerio Público se exponen a todo tipo de amenaza y represalias por sus actuaciones oficiales como acusadores, asumiendo el riesgo de ser objeto de agresiones físicas, presiones sicológicas y atentados contra sus vidas. Por ello este Gobierno le está garantizando el derecho que les corresponde”, concluyó el Primer Ejecutivo.

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